La FAMPA Castelló Penyagolosa considera que la supresión de las zonas escolares en el proceso de admisión de los alumnos contraviene la libertad de selección de centro por parte de las familias. Según la Federación, esta medida solo beneficia la selección discriminatoria de estudiantes y familias por parte de determinados centros educativos. La línea en cuestión es altamente segregadora y, además, ocasiona que los estudiantes se concentren en unos centros educativos, mientras que otros pueden perder matrícula y, por lo tanto, aulas y maestros. Por ello, a través de la Confederación a la que pertenecemos, hemos presentado enmiendas a la comisión permanente del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana.
En primer lugar, las familias hemos exigido que se eliminen las alusiones al distrito único y que se devuelvan las zonas escolares a los municipios valencianos. También hemos pedido que se elimine el criterio específico de un punto que pueden decidir desde los centros educativos para evitar favorecer a una parte del alumnado en detrimento de otra. En tercer lugar, consideramos necesaria una distribución equilibrada del alumnado con necesidades de apoyo educativo, ya que no es eficiente y terminará por concentrar a algunos alumnos en algunos centros, lo que afecta la calidad educativa del conjunto de la población escolar.
“Esto no es beneficioso ni para el alumnado en general ni para la educación pública, que acaba sufriendo recortes”, destacó Rubén Pacheco, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, quien señala que “estos cambios previstos para el próximo decreto de admisión escolar no ayudan en nada a la libertad de elección de centros de las familias ni mejoran la educación de hijos e hijas en general”.
Además, la zona única provoca desplazamientos innecesarios en vehículos privados de los estudiantes con todo el caos y contaminación para las ciudades, mientras que las zonas escolares favorecen que los niños y niñas se escolaricen en su barrio; un espacio enmarcado en su entorno más cercano y en la comunidad en la que viven, criterio principal de las familias a la hora de elegir escuela.
Centros guetos
Por un lado, la federación tiene la firme creencia de que eliminar las zonas escolares en la admisión de los alumnos será una iniciativa altamente segregadora que provocará la discriminación de la infancia en función de las posibilidades económicas. Así se crearán centros de tipo A y centros de tipo B; esto no hará más que reforzar los centros guetos incumpliendo un principio constitucional como es la igualdad de oportunidades.
Desde la federación, además, se teme que este cambio sea un paso hacia la privatización de la educación. La experiencia en otras comunidades autónomas (y en la nuestra propia, en localidades donde ya se llevó a cabo) sugiere que la implantación de zonas únicas ha beneficiado a los centros concertados. En estos casos, las administraciones optan por transferir recursos económicos de la educación pública hacia la privada, comportando que los estudiantes sean tratados como clientes, y las familias acaben asumiendo el coste del derecho a la educación en dos ocasiones: a través de los impuestos y las cuotas encubiertas que imponen los centros concertados.
Según la organización de AMPA, estas líneas consultadas desvirtúan los avances en la admisión escolar y dejan atrás el modelo de escuela diversa y plural y todo el potencial educativo que tiene la diversidad en las aulas, tal como indican todos los estudios (OCDE).
“Las aulas deben ser un reflejo de la sociedad y enseñar a vivir y convivir en un mundo diverso donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades”, y por eso tanto los centros públicos como los concertados tienen la obligación de acoger toda la diversidad del alumnado sin diferencias, garantizando el acceso y distribuyendo al alumnado con equilibrio y planificación, destacó Josep Albiol, presidente de la FAMPA Castelló Penyagolosa.
En cuanto a las líneas que apuntan a políticas de admisión para el alumnado migrante y la admisión en educación especial, la organización se reserva tener el borrador del decreto y conocer en detalle el articulado del proyecto de Decreto de Admisión. Sin embargo, reivindican recursos especializados para todos los centros educativos públicos y concertados para acoger al alumnado en toda su diversidad y hacer posible la aplicación del Decreto de inclusión y la Orden de respuesta educativa.