La FAMPA Castelló Penyagolosa ha manifestado su preocupación y desacuerdo ante los criterios específicos de admisión de alumnado elegidos por algunos centros educativos para el curso 2024-2025, que han sido recientemente publicados.
Cuando la federación conoció la posibilidad de que los centros educativos pudieran elegir un punto adicional para la admisión de alumnado, recomendó a las familias que solicitaran al Consejo Escolar del Centro que se valorara la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de los progenitores como criterio adicional. La propuesta de la FAMPA Castelló Penyagolosa pretendía que las familias que solicitan plaza escolar en Infantil o Primaria y vivan cerca de la escuela pudieran disponer de un punto extra, como ocurría con la zonificación, reforzando así el vínculo entre los niños y niñas y su entorno más cercano, facilitando la participación de las familias en la vida escolar y fomentando una educación arraigada al barrio.
Sin embargo, la publicación de los criterios específicos de admisión ha revelado la incorporación de criterios que la FAMPA Castelló Penyagolosa considera discriminatorios y contrarios a los valores de la escuela pública. Entre estos criterios se encuentran:
“La inclusión de estos criterios perpetúa un tipo de público en los centros y excluye a las familias en situaciones más vulnerables, como aquellas con progenitores en situación de desempleo, por ejemplo. Esta práctica no solo es discriminatoria, sino que también va en contra de los principios de igualdad e inclusión que debería defender la escuela pública”, se declara desde la junta de la FAMPA Castelló Penyagolosa.
La federación denuncia un problema que ya se preveía desde el momento en que se propuso modificar el modelo de escolarización en el distrito único: estos criterios fomentan la creación de centros educativos gueto, donde se agrupa a los alumnos con menos recursos o con situaciones familiares más complicadas, alejándolos de una educación diversa e inclusiva. Así mismo, la FAMPA Castelló Penyagolosa insta a la Conselleria de Educación a revisar y corregir estos criterios para asegurar una educación equitativa y justa para todos los alumnos.