Manifiesto de la FAMPA ante la ley para la consulta de la lengua base

Desde la FAMPA Castelló Penyagolosa queremos expresar de manera clara y contundente nuestra posición ante la Ley para la consulta de la lengua vehicular en la enseñanza. Se ha comunicado que la consulta en los centros educativos valencianos tendrá lugar del 25 de febrero al 4 de marzo.

Mediante este manifiesto, también queremos destacar las acciones que hemos llevado a cabo para formar e informar a las familias, en respuesta a la desinformación generalizada que ha rodeado esta cuestión. Consideramos que la Conselleria no ha cumplido con su deber de informar de manera adecuada, lo que, en ocasiones, nos ha obligado a asumir la responsabilidad de ofrecer a las familias las herramientas necesarias para entender qué implicará esta nueva ley y para una toma de decisiones consciente.

Desde la FAMPA Castelló Penyagolosa, hemos manifestado desde el primer momento nuestro rechazo a la consulta sobre la lengua base. Hemos solicitado formalmente su retirada en los Consejos Escolares Municipales de Vila-real, la Vall d’Uixó y Castelló, mediante la presentación de escritos que así lo expresan. Además, hemos participado activamente en espacios como la Mesa de Padres y Madres y el Consejo Escolar Valenciano, insistiendo en la importancia de preservar la cohesión del sistema educativo y evitar cualquier división.

Durante las fases de consulta pública hemos promovido la participación activa de nuestras familias federadas en la presentación de alegaciones. Este esfuerzo contribuyó a un total de 4.111 aportaciones, de las cuales más del 90% pedían la paralización del proyecto normativo. A pesar de las dificultades generadas porque el plazo de presentación de alegaciones coincidió con las vacaciones de Navidad, la comunidad educativa respondió con fuerza, reflejando su rechazo al proyecto.

Desde el inicio de este proceso, nuestra postura ha sido constante, como lo demuestran los 13 comunicados de prensa que hemos publicado para expresar nuestra disconformidad. Además, hemos realizado diversas acciones comunicativas, como la difusión de mensajes, infografías y, de manera destacada, mesas redondas, donde hemos informado a las familias en colaboración con otras entidades. En todo momento, hemos solicitado la colaboración de la Conselleria para resolver las dudas de nuestras AFA, aunque, lamentablemente, no siempre hemos obtenido la respuesta esperada. Estos esfuerzos han sido esenciales para combatir la desinformación y asegurarnos de que las familias dispongan de la información correcta para tomar decisiones fundamentadas.

Por otro lado, nuestro mensaje ha sido rotundo: llamamos a la prudencia y al sentido común. La consulta sobre la lengua vehicular puede generar una gran inestabilidad en el sistema educativo. Desde la FAMPA hemos denunciado que esta propuesta no tiene en cuenta las necesidades reales del alumnado ni de la comunidad educativa. Consideramos que el sistema educativo valenciano ya presentaba carencias y problemas que requerían una solución urgente antes de plantearse el tema de la lengua. Además, esta ley no surge de una problemática real y, lejos de mejorar la educación —objetivo del que no hay ni una coma en toda la ley a pesar de llamarse “educativa”—, crearía divisiones y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La división del alumnado por la lengua dificultará el trabajo de los centros para crear grupos con una distribución equitativa, agrupar o separar al alumnado por criterios pedagógicos, de inclusión o de relación, o dar una atención más personalizada al alumno o alumna que lo necesite. En lugar de ser un avance, podríamos encontrarnos ante una amenaza para la cohesión y la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo valenciano.

Cuando hablamos de esta nueva ley denominada de “libertad educativa”, queremos expresar nuestra disconformidad con el uso de la palabra “libertad”, ya que consideramos que no será efectiva (recordemos que se podrá elegir, pero nada garantizará que esta elección se cumpla). Asimismo, también cuestionamos el término “educativa”, dado que no estamos hablando de una ley con intención de mejorar las habilidades y el conocimiento del alumnado, sino de una norma ideológica.

Además, observamos una paradoja: nuestros gestores y líderes fundamentan la necesidad de esta reforma en el argumento de que el valenciano ha sido una lengua impuesta durante años, pero expresan estas ideas en un castellano perfecto. Es posible que no pudieran dar estos mismos discursos en valenciano por falta de dominio de la lengua. Desde la FAMPA, consideramos que necesitamos líderes con suficiente capacidad para comunicarse en ambas lenguas cooficiales del territorio, como mínimo. Si ahora mismo esto no es una realidad, menos lo será con la nueva normativa.

Finalmente, nos preocupa que afloren conflictos donde no los había. Como la administración hasta la fecha apenas ha dado información, ni a las familias ni a las direcciones de los centros, muchas personas están desorientadas y no obtienen respuestas a sus dudas. En algunos centros hay crispación que antes no existía. La Conselleria ha despachado la información a las familias en una simple hoja. En la web oficial de la consulta, la información es tan deficiente que ni siquiera se explican los porcentajes de voto que servirán para crear los grupos ni, por supuesto, se avisa de que tu voto no garantiza que tu hijo o hija curse la lengua elegida.

Por todo ello, desde la FAMPA Castelló Penyagolosa reiteramos nuestro compromiso por defender una educación pública, inclusiva, plurilingüe y de calidad. Seguimos pensando que la educación es el arma más importante para cambiar el mundo, pero no podemos permitir que se limiten nuestras posibilidades educativas. Necesitamos autoridades educativas que actúen con sensatez, juicio, entendimiento, prudencia, cordura y responsabilidad, y no con absurdos, disparates o extravagancias que pongan en peligro nuestro sistema educativo, la cohesión de nuestras comarcas y la normalización de nuestra lengua.

Finalmente, pedimos a las administraciones que detengan la consulta sobre la lengua vehicular y que reorienten sus energías hacia el fortalecimiento del sistema educativo público valenciano. No podemos permitir que nuestro sistema educativo se vea alterado por decisiones políticas que solo perjudican a las familias y al alumnado.